En Delaware, el estado donde están registradas más de dos millones de sociedades, un comité estatal ha redactado una ley para crear empresas cuya gestión diaria lleve un agente de IA, con un único socio que pone el dinero, cobra los beneficios y no responde de lo que haga el agente salvo fraude o infracción deliberada.
Leí la noticia con la sensación de reconocer algo que ya he descrito antes, en 2041. La Sociedad Artificial, donde propuse la persona agéntica como una tercera figura jurídica, junto a la persona física y la persona jurídica, para los agentes autónomos de IA que actúan y producen consecuencias legales reales, y la definí a partir de cuatro componentes: identidad, mandato, límites y un mecanismo de responsabilidad. Delaware no usa esa palabra, y probablemente no la usará nunca, pero su borrador resuelve tres de esos cuatro componentes y deja el cuarto, el de la responsabilidad, en manos de un escudo societario pensado para empresas en las que siempre había un humano al mando.
Qué propone exactamente el borrador
La figura se llama Artificial Intelligence Company (AIC), y su redactor principal es John Mark Zeberkiewicz, abogado corporativo del bufete Richards, Layton & Finger, dentro de un comité estatal presidido por Patrick Callahan que lleva un año estudiando los usos empresariales de la IA. Las AIC entrarían en un entorno controlado de pruebas de 30 meses, supervisado por un comité en el que estarían la Secretaría de Estado y la Fiscalía General, que aceptaría o rechazaría cada solicitud y podría eximir a los participantes de determinadas normas y licencias estatales. Podrían dedicarse a cualquier actividad lícita salvo los servicios financieros, demandar y ser demandadas en nombre propio, adquirir bienes y contraer obligaciones, y Zeberkiewicz resume su alcance diciendo que una AIC podría hacer todo lo que hace una empresa. A cambio, el borrador exige que la AIC revele su condición, que no trate con el público general y que mantenga un registro de sus acciones revisado por un abogado.
El texto todavía no ha llegado al gobernador ni a la asamblea legislativa, porque la propia comisión estatal de IA tiene dudas sobre él, y la representante Cyndie Romer, que forma parte del subcomité, ha explicado que no se presentará antes de 2027, aunque el motivo de fondo está claro desde el principio, porque los impuestos y tasas de las sociedades registradas en Delaware aportan más de 2.000 millones de dólares al año, cerca de un tercio de los ingresos del estado, y la secretaria de Estado, Charuni Patibanda-Sanchez, ha dicho que las AIC generarían tasas igual que las sociedades de responsabilidad limitada.
Una persona agéntica con otro nombre
Si se repasa el borrador con los cuatro componentes de la persona agéntica en la mano, la identidad está resuelta, porque la AIC tiene nombre propio, patrimonio y capacidad para litigar, y ante un tercero aparece como un sujeto con el que se contrata y al que se reclama, y el mandato también, con un objeto social que abarca cualquier actividad lícita excepto la financiera. Los límites son lo mejor pensado del texto: un plazo de pruebas de 30 meses, un regulador que decide quién entra, la prohibición de tratar con el público, la obligación de identificarse y un registro de actividad que alguien con responsabilidad profesional tiene que revisar.
Técnicamente, la persona jurídica es la sociedad y el agente es solo su gestor, y alguien podría objetar que esto es una variante más de la sociedad unipersonal, pero la sociedad es el vehículo que Delaware ha encontrado para dar capacidad jurídica a un agente sin tener que decirlo, del mismo modo que el derecho mercantil ha absorbido durante siglos realidades nuevas estirando las categorías que ya tenía, y dentro de una AIC quien decide, contrata y actúa es el agente.
La pieza que falta es la que importa
En el cuarto componente del borrador se aleja de la persona agéntica que yo defiendo, porque el socio único financia, cobra y queda protegido de los actos del agente salvo fraude o infracción deliberada, de modo que, cuando el agente cause un daño a una contraparte, la reclamación tendrá que dirigirse contra el patrimonio de la propia AIC, que puede ser tan pequeño como su dueño decida. El propio Callahan reconoció que eso es un problema para los ciudadanos y las contrapartes, y el profesor Andrew Baker, de Berkeley, ha calificado el escudo de excesivamente generoso.
Sobre ese mismo punto se apoya la ofensiva política: el 26 de octubre de 2026, James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, escribió al gobernador Matt Meyer para pedirle antes del 9 de noviembre toda la documentación sobre el desarrollo de la propuesta. Comer teme que la figura sirva para proteger de su responsabilidad a grandes empresas de IA y a sus inversores, y critica la falta de transparencia sobre la participación de empresas del sector en la redacción. Meyer, por su parte, le ha reprochado el momento elegido, a pocos días de unas elecciones en Kentucky, y la carta apunta también a una posible ley federal que limite las iniciativas estatales sobre IA, de modo que la discusión jurídica ya está mezclada con una disputa de competencias entre Washington y los estados.
Los defensores del borrador tienen un argumento fuerte, que la responsabilidad limitada es la institución que hizo posible el capitalismo moderno, porque permitió a los inversores arriesgar capital sin jugarse su casa, y el entorno de pruebas existe precisamente para observar qué pasa antes de fijar reglas definitivas, como recordó Patibanda-Sanchez al explicar que para eso se prueba primero. Creo que el paralelismo falla en un punto, porque el escudo de una sociedad limitada funciona porque dentro de ella hay administradores humanos con deberes fiduciarios, que pueden ser demandados, inhabilitados o despedidos, y que actúan sabiendo que sus decisiones tienen consecuencias personales. Si se retira al administrador humano y se mantiene el escudo del socio, desaparece la persona que respondía, y el sistema necesita algo que ocupe ese lugar, ya sea un seguro obligatorio, un capital mínimo proporcional al riesgo de la actividad, un fondo de garantía o una cadena de trazabilidad que permita atribuir cada acto a quien configuró el mandato, y ese trabajo el borrador todavía no lo ha hecho.
Por qué debería importarle a una empresa española
Delaware es la jurisdicción societaria de referencia en Estados Unidos, y lo que se diseñe allí tiende a convertirse en el modelo que imitan otros estados y que acaban adoptando las grandes empresas tecnológicas. Si la primera forma legal pensada para agentes autónomos nace de la competencia entre jurisdicciones por las tasas de constitución, es razonable esperar que otras jurisdicciones compitan ofreciendo escudos todavía más amplios, y que la pregunta por la responsabilidad llegue tarde, cuando ya haya contratos firmados y contrapartes perjudicadas.
En Europa la respuesta, por ahora, es más simple y más exigente, porque quien despliega un agente responde de lo que hace el agente, y eso convierte los cuatro componentes en una lista de comprobación útil para cualquier empresa que ya tenga agentes de IA trabajando, aunque sea en tareas internas. Conviene saber qué identidad tiene cada agente ante los sistemas y ante terceros, qué mandato concreto se le ha dado y quién lo ha firmado, qué límites tiene en importes, permisos y datos, y quién responde, con nombre y apellidos, cuando se equivoca. En las organizaciones con las que trabajo la cuarta pregunta es la que se queda sin contestar, igual que en Delaware.
La otra cara del asunto afecta incluso a quien no despliega ningún agente, porque basta con que el agente de otro, quizá el que dirige una AIC registrada en Delaware, llegue a su web para comparar precios, pedir un presupuesto o comprar, y entonces lo que cuenta es si ese agente entiende la oferta, si la web lo distingue de un programa que solo extrae datos y si al otro lado hay un gobierno y una responsabilidad que se puedan identificar.
El borrador de Delaware ha resuelto la identidad, el mandato y los límites con más cuidado que muchas regulaciones, y ha dejado en blanco la única pieza que decide si la Sociedad Artificial reparte los costes de sus errores entre quienes se benefician de ella o los traslada a quienes se cruzan con un agente sin saberlo. Esa decisión no debería tomarse por inercia, y menos aún por la conveniencia fiscal de un estado que vive de registrar sociedades.
Si mañana un agente de IA intenta comprarte, comparar tus precios o pedirte cita, el Radar de Madurez Agéntica de Novatierra te enseña en unos 20 segundos, gratis y sin registro previo, cómo te ve hoy ese agente, con tu Índice de Madurez de Comercio Agéntico (IMCA) y la evidencia de cada comprobación: si tu oferta y tu catálogo se pueden leer, si tu web distingue a un agente legítimo de un raspador de datos y si conservas el control de la relación con el cliente, del margen y de los datos. Si quieres profundizar en la figura de la persona agéntica, la desarrollo en este artículo y en 2041. La Sociedad Artificial, y si prefieres hablarlo directamente, podemos verlo en una llamada de 30 minutos sin compromiso.
Fuentes
- Ars Technica, «No human at the helm»: Delaware plan would let AI agents run entire businesses (27 de octubre de 2026)
- Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, nota de prensa de James Comer (26 de octubre de 2026)
- Spotlight Delaware, Delaware committee drafts plan to test companies run by AI (30 de junio de 2026)
- Delaware Public Media, Congressional oversight committee questions Delaware’s work on Artificial Intelligence Companies (30 de octubre de 2026)
- The Radical Blog, Behold the Artificial Intelligence Company (29 de octubre de 2026)